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Antecedentes

Para la población es relevante la temática de seguridad. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2013, la delincuencia es considerada el tercer problema más importante del país (12,2%), lo cual sumado al tráfico de drogas (10,9%), posiciona a la delincuencia como el segundo principal problema del país, siendo sólo superado por la pobreza (24,8%).

Sin embargo, al momento de informar a las instituciones de persecución penal sobre los hechos delictivos, sólo un 37,6% de las víctimas de delitos han denunciado el delito ocurrido.

Las principales razones que dieron las personas al hecho de no denunciar fueron que consideraban que la policía no podría haber hecho nada (22,3%) y que la pérdida económica no había sido lo suficientemente seria (19,5%). Otras razones que esgrimieron fueron que la justicia no hubiera hecho nada (12,1%) y que el trámite les demandaba mucho tiempo (9,9%).

Además, diversos académicos señalan que el proceso de denunciar debiese ser más accesible para la población, ya que las víctimas de delitos presentan una serie de limitaciones que impiden el reporte de los ilícitos:

  • Reticencia a aumentar el trauma de la victimización.
  • Temor de la víctima de sufrir alguna represalia por parte del acusado, por el hecho de realizar la denuncia o aportar información a algún caso.
  • Engorroso proceso de denuncia.
  • Carencia de evidencias sustantivas para comprobar el delito denunciado, ya sea por necesidad de pruebas o testigos que apoyen la denuncia.

Estos factores afectarían al momento de la denuncia, dando paso a que las personas que sufren delitos no denuncien lo ocurrido a los medios formales. Esta cifra que resulta difícil de detectar es llamada "cifra negra".

Frente a esta situación, cobra relevancia implementar iniciativas que promocionen la denuncia de los delitos, ya que sólo así se podrá tener datos sobre realidad delictual en Chile. Así el Programa Denuncia Seguro se inserta como una alternativa a esta necesidad, ya que busca ser una herramienta que permita a la población entregar información delictual de forma anónima y colaborar en la disminución de la tasa de no denuncia.